Los estudios y encuestas realizados por organizaciones internacionales permiten comprobar ciertas realidades que muchas veces a nivel nacional son cuestionadas o consideradas simples mitos sociales.
La semana pasada fue publicado el informe de la organización estadounidense, World Justice Project que citó a Chile como el país que mejor cumple con las leyes de América Latina, corroborándose, de esta forma, el perfil de aplicados y obedientes que nos han transmitidos nuestros padres, profesores historiadores y políticos de generación en generación.
El informe de World Justice Project llega justo en un momento en que Chile será puesto a prueba frente al ordenamiento jurídico internacional; prueba que será aún más exigente si los resultados no son lo esperados.
¿Tenemos alguna posibilidad de no cumplir el fallo de la Corte de la Haya? Me atrevería a decir que no. Por idiosincrasia y por estrategia política no cabe ninguna posibilidad. Repetir la vergonzosa actitud de Colombia al retirarse del Pacto de Bogotá sería fatal e implicaría retroceder a los tiempos previos a la II Guerra Mundial cuando el orden internacional valía menos de un candy.
Por mucho que el Presidente Piñera simpatice con su colega Juan Manuel Santos, sabe que Chile no puede permitirse actuar como país subdesarrollado, cuando estamos ad portas de pasar a integrar las grandes ligas, donde no sólo se llega por lo que se tiene, sino también por lo que se representa.
¿Debiera estar tranquilo Perú frente a la resolución de la Haya?. Claramente, sí. Perú no tiene nada que perder. Inició la demanda sabiendo esto y sabiendo también que la Corte tiende a dictar fallos que combinan de manera magistral fundamentos de derecho y también normas de equidad, lo que suele jugar a favor de las posturas jurídicamente más débiles.
¿Debiera estar preocupado Chile?. Sin duda alguna. Por mucho que intenten decir que el caso de Colombia y Nicaragua es distinto al nuestro, lo cierto es que si un tribunal quiere dejar a todo el mundo contento no escatimará esfuerzos para aplicar todas las herramientas legales que estén a su alcance para cumplir con este objetivo.
En esto hay que ser muy claro. Si la Corte de la Haya se ha propuesto el legítimo y noble objetivo de garantizar la convivencia civilizada entre las naciones, relegando a un segundo lugar la verdad jurídica, hay que reconocer que ni siquiera el más experimentado jurista internacional podrá evitar que el 2013 veamos algunas modificaciones en nuestra cartografía marítima.
En este contexto, el Gobierno ha sido sumamente hábil al desplegar dos acciones positivas. En primer lugar, compartiendo y transparentando sus legítimas dudas con toda la ciudadanía y, luego, promoviendo junto a Perú un escenario proactivo post resolución.
La reunión del Presidente Piñera con su colega Ollanta Humala en la cumbre Unasur fue un mensaje claro respecto a la actitud que tendrá Chile independiente de cuál sea el resultado. De nada nos serviría quedar detenidos en el pasado, sencillamente porque tenemos cosas más importantes que hacer a nivel nacional y que están relacionadas con la salud, educación, seguridad y pobreza.
Es probable que La Haya golpee un poco nuestro orgullo nacional, pero su efecto no alcanzará para detener el galope firme del Chile actual, que es mucho más que algunos kilómetros de mar.
